Subcontratación y delegación – deber de contralor – acoso laboral – deber de seguridad – alcances de la responsabilidad

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Dentro de las obligaciones de control establecidas en el art. 30, LCT, se encuentra la regulada en el art. 75, LCT, referida al deber de seguridad. Entonces, acreditada la situación de acoso y maltrato padecida por la actora (dependiente de una concesionaria de automóviles) por el accionar de un superior jerárquico, cabe afirmar que tal situación no se encontraba fuera de la esfera de tutela de la automotriz codemandada. Corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto estableció que la condena en los términos del art. 30, LCT, a la empresa fabricante de automóviles, debía incluir también el resarcimiento por daño moral derivado de la situación de acoso sufrida por la accionante.

Sentencia.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de septiembre de 2019, para dictar sentencia en estos autos caratulados «Saliceti, Eleonora c/ Volkswagen Argentina S.A. y otros s/ Despido», se procede a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
I.- Se presenta la actora y entabla demanda, en procura del cobro de indemnización por despido y daño moral; afirma haber prestado servicio para la demandada Volkswagen Argentina S.A., siendo inscripto en modo fraudulento por Espasa S.A., afirma también que prestó tareas, para La Caja de Seguros y Zurich S.A.. realizando tareas como «administrativo calificado» en el área de post venta de los rodados Volkswagen y ofrecía accesorios lo que generaba comisiones por venta .
Denuncia irregularidades registrales y malos tratos.
Las demandadas niegan todos y cada uno de los hechos invocados por la actora salvo los expresamente reconocidos.
La sentencia de fs. 571/588 que hace lugar a la demanda es apelada por las demandas Espasa S.A. y Volkswagen Argentina S.A. .
II- Cuestionan las agraviadas el análisis de las probanzas arrimadas a la causa y aducen que la actora habría incurrido en abandono de trabajo ya que fue debidamente intimada a retomar tareas, y al no hacerlo es que se decidió la ruptura del contrato de trabajo; agrega que la sentenciante habría incurrido «… en un excesivo rigorismo formal contra la demandada (…)

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