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JURISPRUDENCIADestitución de funcionario público. Irregularidad del procedimiento. Debido proceso. Presunción de inocencia
Se responsabiliza al Estado demandado por el irregular procedimiento de destitución de la actora, pues la manera en que se notificaron las supuestas causales en las que habría incurrido le dificultó a ésta entender cuál era el objetivo del procedimiento que se abrió en su contra, por lo que habría ejercido su derecho a la defensa sin contar con la información mínima necesaria, violándose así el deber de motivación, el principio de legalidad y el principio de presunción de inocencia.
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