Solicita Suspensión del Juicio A Prueba

SOLICITA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA

Excmo. Tribunal:

……….., por derecho propio, manteniendo el domicilio procesal oportunamente constituido junto con mis abogados defensores, …………. (T° … F° … C.P.A.C.F) y …………………. (T° … F° … C.P.A.C.F), en ………………, de esta Ciudad Capital, en la causa caratulada «…………….», que lleva el Nº ……, a VV.EE. me dirijo y respetuosamente digo:

I.— OBJETO

Que vengo por el presente, en mi calidad de imputado en la causa ut supra mencionada, a solicitar a VV.EE. tenga a bien considerar concederme la posibilidad de gozar del beneficio contenido en el art. 76 bis del Código Penal, que prevé la suspensión del juicio a prueba.

II.— VIABILIDAD DEL INSTITUTO

De acuerdo con nuestro derecho positivo, la suspensión del juicio a prueba es un derecho del imputado a solicitar la suspensión del proceso que se sigue en su contra, en tanto cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Considero que están reunidos en el caso todos los requisitos que hacen admisible mi solicitud, como seguidamente se expondrá.

Conforme nuestra Constitución Nacional debe presumirse la inocencia de toda persona hasta tanto recaiga sentencia de condena definitiva. El solicitante del instituto en cuestión es una persona sometida al trámite de un proceso penal, que nunca debe confundirse con aquel individuo sobre el cual ha recaído sentencia condenatoria. Por esta razón la ley establece que la petición no implica reconocimiento de responsabilidad alguna.

La suspensión del juicio a prueba es un instituto jurídico-penal que otorga a una persona acusada de cometer un delito, cuya pena sea no mayor a tres años de prisión o reclusión, o permita una condena condicional, el derecho a que se paralice la persecución penal.

Es importante señalar las finalidades de la suspensión del proceso a prueba en nuestro derecho: 1) Descomprimir la labor de la administración de justicia; 2) Favorecer la reinserción social al evitar una posible pena privativa de libertad y su efecto estigmatizante; y 3) Brindarle a la víctima una reparación del daño.

«… la suspensión del juicio a prueba tiene como principal objetivo reintegrar a la sociedad a aquellos imputados que cumplen con determinados requisitos, evitándoles el estigma de la condena o la declaración de culpabilidad» (C.N.C.P., Sala II, 30 de agosto de 1994, LL. 1994 E, p. 486).

III.— CONDICIONES PERSONALES DEL SOLICITANTE

En primer lugar quiero manifestar que soy un hombre humilde y trabajador. Actualmente trabajo de ……en un vehículo alquilado, ganando aproximadamente $……..por mes, sueldo con el que mantengo a mi núcleo familiar, compuesto por mi esposa y tres hijos adolescentes.

Además, carezco de antecedentes penales, condición que ha de tenerse en cuenta como indicio de mi personalidad moral, que junto con la buena predisposición que vengo demostrando durante el transcurso del proceso, resultan ser consideraciones que deben influir al momento de decidir sobre el otorgamiento del beneficio.

Considero que soy una persona merecedora de una oportunidad.

IV.— CALIFICACIÓN LEGAL

La conducta que se me imputa fue calificada al tiempo de dictárseme el procesamiento, y luego el auto de elevación a juicio, como configurativa del delito de «estafa», conminado en el artículo 172 del Código Penal.

Si bien en abstracto el delito excede lo preceptuado en la primera parte del art. 76 bis, en concreto, y atendiendo a su párrafo cuarto, considero que no merecería recibir una pena que exceda los tres años de prisión, que por las circunstancias del caso correspondería dejarla en suspenso, por lo que es procedente el beneficio de la «probation».

La suspensión del proceso a prueba opera para los delitos de menor gravedad penal-criminológica, que para nuestra legislación son los que en abstracto no prevean una pena privativa de libertad mayor de tres años y los que aun sobre ese límite permitan una condena de ejecución condicional. Ésta es la tesis amplia del art. 76 bis del Código Penal, y la correcta teniendo en cuenta las finalidades del instituto y las garantías constitucionales.

Así lo entendió la jurisprudencia desde los comienzos al decidir que «corresponde hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba si en la especie resulta aplicable el cuarto párrafo del art. 76 bis pues de acuerdo a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales del imputado, la pena que eventualmente le podría corresponder sería pasible de dejarse en suspenso» (T.O.C N° 26, causa N° 44, 26/mayo/1995, JA. 1995-IV p. 526).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo de la causa «Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737», dictado el 23/abril/2003, ha resuelto la cuestión en favor de la tesis amplia, aplicando el principio de legalidad (art. 18 C.N.), en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como última ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (considerando 6° del fallo).

La C.S.J.N. concluye allí que «el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el art. 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto, al que deja totalmente inoperante» (considerando 7°).

Del mismo modo, si el reproche punitivo fuese superior, también estimo que podría otorgárseme el beneficio. De manera tal que «a los efectos de conceder la suspensión del juicio a prueba, debe admitirse la aplicación analógica in bonam partem del art. 76 bis, aun cuando la norma prevea un máximo superior a los tres años de prisión …» (T.O.C N° 2, JA. 1997, III, p. 498).

Entiendo que el correcto entendimiento de nuestras garantías constitucionales impide aplicar el fallo plenario «Kosuta» de la C.N.C.P, que sienta una tesis restrictiva del beneficio normado en el art. 76 bis del código sustantivo.

El excelentísimo Tribunal Oral en lo Criminal n° 7, se ha pronunciado, en oportunidad de decidir en el caso «Cura», por la inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley 2050, en la inteligencia de que la referida norma se contrapone con las garantías judiciales previstas en el art. 8, incisos 1° y 2°, apartado h), de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, que garantizan al procesado tanto el derecho a ser oído por un juez o tribunal independiente, es decir, sin ningún condicionamiento a priori en su apreciación de los hechos y del derecho aplicable, como a asegurar la doble instancia en materia penal, la que en sustancia se vería seriamente comprometida ante cada fallo plenario con efecto vinculante (T.O.C. N° 7, causa N° 914, 27-6-2000. Cura, Julio D.).

La evolución del derecho depende de decisiones judiciales independientes, y la seguridad jurídica se garantiza asegurando la independencia de criterio de los jueces, y no con la imposición de uno supuestamente unificador.

Asimismo, el sistema de fallos plenarios obligatorios violenta las garantías del juez natural y de la defensa en juicio. En este sentido MAIER dice que «del principio que impide sacar a los habitantes, para juzgarlos, de los jueces designados por la ley (de competencia) antes del hecho de la causa (C.N., 18: juez natural) surge claramente la ilegitimidad de ese sistema: sólo los tribunales establecidos por la ley y competentes para juzgar el caso concreto, según las leyes de competencia y procedimiento anteriores al hecho juzgado, por intermedio de los jueces que los integran conforme a la ley, se pueden pronunciar sobre el caso, libremente y sin estar sometidos a la autoridad de otra persona, juez o tribunal. Ésta es otra de las razones que impide regular la función judicial por medio de la llamada «jurisprudencia obligatoria», como lo disponen los arts. 10 y 11 de la ley de organización judicial vigente en el orden nacional (ley 2050). Ello implica que cada juez, cuando juzga y decide un caso concreto, es libre –independiente de todo poder, inclusive del judicial– para tomar su decisión y sólo se le exige que su fallo se conforme con aplicar el derecho vigente, esto es, que se someta a la ley. Salvo la ley que rige el caso, se prohíbe así que determine su decisión por órdenes de cualquier tipo y proveniencia. En ello –y no en otra cosa– reside la independencia judicial» (Julio B. J. Maier, «Derecho Procesal Penal, Fundamentos», t. I, 2° edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, págs. 746-747).

En otro orden de ideas, la jurisprudencia obligatoria violenta el principio de separación de poderes, y no pasa por la discusión pública de las Cámaras del Congreso ni cumple con el requisito de la publicidad que prescribe el art. 2 del Cód. Civil (T.O.C. N° 7, causa N° 914, 27/6/2000. Cura, Julio D.).

V.— REPARACIÓN DEL DAÑO

El art. 76 bis, párrafo 3º, del Código Penal, regula la exigencia impuesta al imputado referida a la reparación del daño causado por el hecho que se le atribuye. Establece que deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, siendo el juez quien decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento, y quedándole a la parte damnificada habilitada la acción civil si no acepta el ofrecimiento de reparación.

La obligación del imputado de hacerse cargo de la reparación es «en la medida de lo posible», según lo ha establecido el legislador. En tal sentido, veo posible ofrecer como reparación la suma de $ ….para el denunciante del hecho caratulado como N° 1 (Sr. ………..) –en un pago o en cuotas–, y $ ….para el denunciante del hecho caratulado como N° 2 (Sra. ………….). Dentro de mis posibilidades económicas éste es el máximo esfuerzo que puedo realizar para reparar el daño.

Oportunamente, VV.EE. juzgará la razonabilidad de lo expresado precedentemente en la audiencia que el régimen procesal ha fijado en el art. 35 del C.P.P.N.

VI.— REGLAS DE CONDUCTA

Siguiendo con los requisitos que marca la ley, me encuentro dispuesto a realizar tareas comunitarias y cumplir con las demás reglas de conducta que el tribunal entienda pertinentes, a definirse en la audiencia prevista en el art. 293 C.P.P.N.

VII.— PETITORIO

Por lo expuesto, solicito de VV.EE. que:

1°) Se tenga por deducido el pedido de suspensión del juicio a prueba, en legal tiempo y forma.

2°) Se fije audiencia a tales efectos, de conformidad con el art. 35 del código ritual.

Proveer de Conformidad,

SERÁ JUSTICIA

………………..

(FIRMA DEL IMPUTADO)